SAN
JUAN (AP) — Para los sindicatos que agrupan a empleados públicos, es
"indignante" que la empresa privada ofrezca reclutar hasta 15,000 de los
trabajadores que serán cesanteados por el gobierno si se le subsidia
parte de sus salarios y se flexibilizan las leyes laborales que los
cobijan.
"Es indignante el ver cómo los industriales pretenden, en esta coyuntura de crisis social y fiscal, aprovecharse del pueblo y del erario público para maximizar sus ganancias", sostuvo Benjamín Borges, director ejecutivo de SPU.
Cuestionó el que la empresa privada, que ha estado anunciando despidos de trabajadores —engrosando el 14.7% de desempleo del país— ahora afirme que tiene la capacidad de absorber miles de empleados públicos.
Annette González,
presidenta de SPU, criticó que los empresarios pongan como condición el
que se flexibilicen las leyes laborales.
"Cuando uno lee sus propuestas de flexibilizar las leyes laborales donde
enfatizan en extender los periodos probatorios, eliminar o reducir las
penalidades por despidos justificados, se ve la intención clara de
despedirlos tan pronto culmine el subsidio sin ningún tipo de
penalidad", manifestó.
El gobernador Luis Fortuño ha anunciado el despido de más de 30,000
trabajadores públicos para poder enfrentar la crisis fiscal y está
ofreciendo un subsidio de 50% del salario de cada trabajador que sea
contratado por la empresa privada, hasta un máximo de 15,000 dólares.
El presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Juan Eliza
Colón, arremetió contra el presidente de la Cámara de Comercio, José
Julián Álvarez, por catalogar como "camisa de fuerza" la leyes de
protección laboral y condicionar el empleo de trabajadores públicos a la
derogación de leyes laborales.
Al anunciar que podrían absorber hasta 15,000 trabajadores públicos,
Alvarez propuso que el gobierno extienda los periodos probatorios de los
empleados nuevos, elimine o reduzca las penalidades por despidos
injustificados, elimine los costos adicionales como el aumento en el
bono de Navidad, comprima la semana de trabajo y establezca la paga
sencilla para todos los domingos.
Según Eliza Colón, cuyo sindicato agrupa a unos 16,000 empleados
públicos, esas propuestas demuestran que Alvarez visualiza el trabajo
como una mercadería más. "Decir que el derecho laboral es una camisa de fuerza para el desarrollo
empresarial es no ver el trabajo en su verdadera magnitud humana y como
un derecho inalienable del ser humano a una vida digna y productiva en
la sociedad", añadió.
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